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La Comisión de la UE exime a los dueños de las casas ilegales de Albox de responsabilidad
El informe elaborado por los parlamentarios denuncia un «acuerdo tácito» entre el alcalde de Albox y los promotores para construir de forma irregular Concluye que los ciudadanos británicos adquirieron las viviendas «de buena fe»

La Comisión del Parlamento Europeo integrada por los eurodiputados Marcin Libicki y Michael Cashman, que se trasladó a España a finales de febrero con el objetivo de analizar las presuntas irregularidades urbanísticas denunciadas por los ciudadanos ante dicho órgano ha presentado un informe de conclusiones.

Si bien es cierto que la parte central del informe se dedica a las presuntas irregularidades que se han cometido en la Comunidad Valenciana, el documento también extrae conclusiones sobre la situación en la que se encuentran centenares de viviendas ilegales que son propiedad, en su mayoría, de ciudadanos ingleses afincados en el municipio de Albox y el Valle del Almanzora.

La principal conclusión a la que llegan los eurodiputados según refleja el texto al que ha tenido acceso IDEAL es que «quedó claro que se han cometido abusos» con los propietarios de estas viviendas. Por eso, el Parlamento Europeo está investigando una serie de proyectos urbanísticos.

Antecedentes

Asimismo, el documento denuncia «un acuerdo tácito entre el alcalde y el constructor» que permitió, según las conclusiones alcanzadas, «la construcción de varios centenares de viviendas ilegales», que posteriormente fueron adquiridas por ciudadanos en su mayoría británicos.

A juicio de los eurodiputados que componen la comisión, estos ciudadanos afincados en Albox y en el Almanzora «actuaron de buena fe», ya que compraron sus viviendas a través de agentes de la propiedad inmobiliaria registrados y de abogados.

En estos momentos, como ya ha confirmado el delegado de Obras Públicas y Transportes de la Junta, Luis Caparrós, en este periódico en múltiples ocasiones, sobre algunas de esas viviendas ilegales pesa ya una orden de derribo. Por eso, el Parlamento ha decidido también investigar al alcalde, al que otorgan un alto grado de responsabilidad en este asunto.

Soluciones

Según recoge también el informe, los propietarios, al actuar de buena fe, pueden presentar una demanda civil contra el vendedor o una querella por estafa. El problema es que el procedimiento puede llevar muchos años y resultar muy costoso.

Por otro lado, el informe de conclusiones critica que la Junta atribuya responsabilidad a los propietarios, ya que «no parece que haya un reconocimiento adecuado de a quién puede atribuirse la culpa y la responsabilidad al ayuntamiento, a los constructores que se han beneficiado y a la Junta que, o bien ignoraba lo que estaba sucediendo o bien optó por no actuar para evitar que se produjeran abusos».

Es más dura incluso la comisión de la UE con el departamento que dirige Luis Caparrós, ya que ahonda en que «no existe una proporcionalidad adecuada de la culpa ni se ha iniciado ningún procedimiento extrajudicial para resolver el problema, pese a las posibilidades de intervención de que dispone la inspección regional».

Análisis profundo

Los responsables de la comisión europea reconocen que no hay dos casos de construcción ilegal idénticos y que hay diferencias entre construir en zonas protegidas y en las que no están calificadas para ese fin. Mientras que en el primer caso, lo más probable es que se decrete la demolición, los eurodiputados consideran que se podrían conceder las licencias de forma retroactiva, es decir, con las casas ya construidas.

Esta solución comportaría costes adicionales para los propietarios que tendrían la posibilidad de conservar sus viviendas. Para analizar todo esto, la misión recomienda que se cree un tribunal administrativo especial, porque «queda claro que los propietarios de Albox no recibieron asesoramiento adecuado».

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