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La idea parecía bastante simple: se compraba un cortijo dedicado a labores agrícolas en un pueblo en condiciones imposibles de habitabilidad; el precio pagado por la vivienda es normalmente muy bajo (sin duda muy por debajo al de mercado); se solicita licencia para reformarlo y de algo que en un primer momento era para guardar aperos, se convertía en un espléndido chalé. La segunda variedad de esta misma táctica era comenzar a construir sobre terreno baldío, venderlo a ciudadanos ingleses a quienes no se les ocurriría preguntar sobre la legalidad del proyecto, ya que lo dan por supuesto y una vez terminada la urbanización, se solicitan los servicios esenciales (agua, luz) y la licencia de ocupación.

La modificación de los planes generales ha hecho aflorar una bolsa de miles de viviendas irregulares con las que, literalmente, no se sabe qué hacer. Sólo en Arboleas, la mitad de su población es inglesa. Sólo en la comarca del Almanzora y Levante, la cifra estimada de viviendas ilegales es de más de 6.000. El derribo de la que compraron los Prior, además de llevar el caso almeriense a todos los medios informativos del Reino Unido con el consiguiente daño realizado a la imagen de Almería, ha demostrado que la decisión adoptada (que por cierto ha supuesto una costosa indemnización), el derribo de la vivienda, es inviable.

Desde la Junta de Andalucía se ha dejado en manos de los Ayuntamientos señalar qué viviendas se encuentran en situación de ilegalidad y también que se proceda a legalizar a la mayor parte de ellas, salvo aquellas que supongan una violación flagrante de esas normas urbanísticas. Así, según establece el Plan de Ordenación del Levante Almeriense, apenas el 1% de esas 6.000 viviendas quedaría sin legalizar; se trata de las que se encuentran en lugares de especial protección, cauces de ríos o inmediaciones de vías de comunicación.

El propio delegado provincial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Luis Caparrós apuntó en su momento a las urbanizaciones como la forma de afrontar esa legalización, “no aquellas que se encuentren de manera aislada”.

Se trataría, en cualquier caso, de poner orden a algo que se hizo de manera desordenada y, sobre todo, de no perjudicar a aquellos que se encuentran ya residiendo en la provincia de Almería.

En cualquier caso, lo que no parece que se ponga freno es la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. Desde la llegada al organismo de su responsable, Jesús Gázquez, su labor ha sido callada pero constante. Así, da la impresión de que, si bien las residencias, al menos la inmensa mayoría de ellas, seguirán en pie, quienes concedieron licencia para su edificación no lo tendrán tan fácil. Lo que sí parece claro es la necesidad de poner mecanismos de control para evitar que se vuelva a repetir esta situación al cabo de unos pocos años. Los respectivos PGOU’s pueden ser más que útiles.

Visto en: elalmeria.es

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